Los procedimientos que, en forma más o menos disimulada de litigio, hemos testimoniado en los meses recientes deben hacernos reflexionar en torno a la calidad de nuestro Estado de Derecho. En buena medida, es a México a quien se ha juzgado desde la sede interamericana, desde Brooklyn o desde Ciudad Universitaria. Los resultados, aunque aún estén por conocerse en su integridad, pueden irse adelantando: no sólo el aparato público estatal, sino la sociedad que conforma lo que llamamos “República Mexicana” dista mucho de haber alcanzado un punto de equilibrio entre sus aspiraciones de seguridad y justicia y el debido procesamiento de las causas judiciales, presunción de inocencia y cultura constitucional incluidas.

Nos acercamos a otro punto de inflexión para medir la calidad de nuestra convivencia, esta vez en materia electoral. Las impugnaciones han venido y seguirán viniendo, la Justicia constitucional tendrá que hablar, y mucho de lo que se jugará la democracia mexicana dependerá no sólo de la estructura organizacional de las elecciones, como con frecuente miopía han sostenido algunos, sino de un auténtico cambio en las estructuras socioeconómicas que permita cimentar, al fin, una República de iguales en dignidad para el desarrollo de oportunidades equitativas y bien cimentadas. Para ello se requiere, qué duda cabe, consolidar los cauces electorales que con tanta persistencia en el esfuerzo nos hemos dado por un espacio temporal que abarca a dos o hasta tres generaciones.

Hay motivos para renovar la confianza, sin atorarnos en un optimismo tan lerdo cuanto improductivo. Nuestro Tiempo de derechos es tiempo de búsquedas y hallazgos: ya sabemos, como sostienen nuestros entrevistados en este número, lo fructífera que llega a ser la Justicia cuando tiene rostro no solamente de mujer, sino de los grupos sociales tradicionalmente excluidos; también parece que hemos llegado al entendimiento de que la calidad de los servicios legales no se concretará hasta que tengamos una colegiación con suficiencia sólida y vinculante, y mecanismos para asegurar las mejores condiciones de conservación para un funcionariado de carrera técnicamente impecable y éticamente irreprochable. En el ámbito interamericano, tranquiliza saber que existen voces disidentes que se abren paso, con impecable rigor de pensamiento, en un medio cada vez menos dispuesto al contraste plural de las ideas. Agradecemos la gentileza de su atención con una Revista que mes a mes crece en expectativas, pero también en concreciones. Las columnas que mantienen nuestras mejores plumas nos acicatean a la renovación del compromiso con el Estado constitucional y democrático de Derecho. En medio del ruido cotidiano, los artículos de largo aliento que han ido conformando nuestras entregas garantizan un remanso para lanzar una mirada serena a los derechos fundamentales y su situación en México y en nuestros entornos más próximos, el norte y el latinoamericano. La dignidad humana y su corolario más trascendente, la libertad de pensamiento y conciencia, siguen guiando nuestro horizonte gracias a la colaboración de nuestras amistades, que son, también, amigas de la verdad.

No podemos, por tanto, despreocuparnos por la situación que parece prevalecer en Nicaragua y que a últimas fechas se ha traducido en el retiro de la nacionalidad y la consecuente expulsión o prisión inmediata para opositores, intelectuales, religiosos y, en general, personas que el régimen de la pareja co-presidencial mira como riesgosas para la conservación de su poder. Se impone un llamado a la prevalencia de la Justicia y de la paz social, así como una firme exigencia de cumplimiento de las medidas cautelares que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó para aquel país hace más de año y medio.