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Es el Congreso

Editorial

En meses de marchas y desorientación dolosamente impuesta o producto de la falta de formación, conviene detenerse en el diseño institucional que, según se halle dispuesto, favorece o no la consolidación del Estado constitucional y democrático de Derecho.

Con toda la importancia que queramos (y debamos) conceder a la integración autónoma de los organismos que -así en lo local como en lo federal- organizan y enjuician los procesos electorales, la sustancia de la materia se en-cierra en la tradición de la división de poderes. En efecto, es la capacidad congresual para reflejar el pluralismo de nuestras sociedades la que determina el grado de democracia de la que disfrutan las sociedades occidentales.
Si esto es así, habrá que colocar las miras de análisis en la composición de las Cámaras que termine reflejando el aterrizaje normativo de las decenas de iniciativas de reforma electoral que comenzará a discutir el Congreso. Por lo pronto, la que proviene del Ejecutivo federal, a pesar de advertir que busca eliminar los diputados y senadores plurinominales, en realidad convertiría al Congreso de la Unión en un Poder de representación puramente proporcional, lo cual a simple vista parecería abonar a un mayor y efectivo pluralismo en el que al partido que obtenga 51% de los votos le correspondan 51% de las curules o escaños, por poner el ejemplo que mejor trasmina la gobernabilidad eficaz en el Legislativo, tan frecuentemente acosado por la llamada “parálisis” parlamentaria.
Vayamos, sin embargo, con cuidado. Cuando las circunscripciones electorales son pequeñas (pensemos en circunscripciones estatales como las que para ambas cámaras propone la iniciativa presidencial), el pluralismo se torna utópico puesto que el cociente de votación efectiva se reparte entre los partidos mayoritarios y resulta difícil que el resto mayor pueda corresponder a fuerzas pequeñas, aunque dignas de representación. De ahí que desde que tenemos memoria democrática tengamos solamente cinco grandes circunscripciones multiestatales para repartir diputaciones de representación proporcional. Vayamos al caso del Senado de la República: la iniciativa plantea eliminar la llamada “lista nacional” de senadores (lo que parece correcto, pues tal lista subvierte y aniquila la representación paritaria de las entidades en una cámara presuntamente federativa) pero también prescindir de los senadores electos por el principio de primera minoría, para asignar las senadurías en cada estado a través del principio estricto de representación proporcional, con lo que podría pasar que los tres escaños de cada entidad federativa correspondieran a una misma fuerza política o a coaliciones más o menos formales de partidos políticos aliados.
Todo ello requeriría reformas constitucionales que no parecen prudentes a poco más de un año de celebrar comi-cios generales, y con elecciones tan importantes como las del Estado de México en puerta. Reflexionemos, no sólo en torno al valor del orden constitucional, que es mucho, sino a la sensatez y buena fe en la conformación de los órganos para ejercer el poder público en nuestra Patria. No vaya a ser que por instrumentar reformas aparentemente novedosas y benéficas como las tendentes a reducir el costo del aparato electoral y del subsidio que reciben los partidos políticos, terminemos lamentando la conformación de mayorías artificiosas, calificadas e imparables al interior de un Congreso que, ante todo, debe representar nuestra unión en la pluralidad y el respeto.

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