In memoriam Néstor Pedro Sagüés.
Mario Alberto Becerra Pocoroba.

Pensar que una mayoría considerable autoriza a la fuerza política que la obtuvo a cambiar el régimen de gobierno y a dar un giro total al ordenamiento constitucional implica olvidar varios puntos que son indispensables para la salud de la República.

Por principio de cuentas hay que decir que el mandato que han recibido las y los diputados de la coalición oficialista triunfante no es un mandato constituyente. Los nuevos diputados no serán constituyentes ni del segundo piso de la Cuarta Transformación ni de cambio de régimen alguno. Se les eligió para ser representantes a una legislatura ordinaria y no para que instauren artificiosamente ese “momento privilegiado” del que ha hablado Gustavo Zagrebelsky: el momento que permite, en circunstancias extraordinarias, constituir o reconstituir a un orden político determinado. No es el caso: la 4T es una fase más, importantísima por su acento en lo social, si se quiere, pero sólo una fase más, de un proceso histórico mucho más largo y determinante para México: el de su transición a la democracia.

Agreguemos que el mandato de esta mayoría presuntamente calificada no es un mandato que provenga de las urnas sino que resulta de una interpretación no armónica ni conforme, sino más bien literal, del artículo 54 de la Constitución General de la República. El artículo 41 de la propia ley fundamental exige que las elecciones se realicen de manera libre pero también auténtica. No puede obviarse su aplicación pretendiendo que, tras casi treinta años de transición democrática a cuestas, el numeral 54 debe leerse en sus términos letrísticos, como si las voces “partido” o “coalición” siguieran significando exactamente lo que significaban en aquellos años del largo letargo autoritario en el que vivíamos.

No: el “espíritu del 96”, que tan bien delineó hace unos días José Woldenberg, buscaba representar lo más fielmente posible a la voluntad popular expresada en votos, sin permitir que las minorías carecieran de voz. A grandes rasgos, la fórmula instruía que a más curules de mayoría relativa, menos de representación proporcional, lo que hizo casi imposible, durante décadas, que una misma fuerza política alcanzara la mayoría calificada. El Movimiento de Regeneración Nacional lo logró en 2018 y el Instituto Nacional Electoral parece querer repetir el criterio ahora, justo cuando el partido mayoritario en la coalición oficialista suscribió un cuestionable convenio con sus aliados minoritarios para cederles diputaciones de mayoría cuanto y cuando fuese necesario con tal de generar una artificial mayoría calificada.

Así, si MORENA no hubiera permutado curules de mayoría con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo no tendría derecho a una asignación de diputados de representación proporcional topada en el 8% de sobrerrepresentación y, por lo tanto, no estaríamos debatiendo ahora si a su coalición le corresponde o no un una sobrerrepresentación de casi 20 puntos, resultante de la multiplicación del tope constitucional por tres. La coalición estaría en los márgenes del 54% de la Cámara de Diputados, porcentaje significativo pero que se encuentra todavía lejos de la mayoría calificada. Ahora, en cambio, tendrá más del 70%. Cabe preguntarse si ello representa fielmente la voluntad del elector mexicano o si es, más bien, una expresión más del temido Lawfare.

Confiemos en que exista un Tribunal capaz de modificar la artificiosa generación de mayorías pues, de lo contrario, con ella y con sus artificios habremos de arrostrar la profunda, polémica y ambiciosa reforma judicial, así como las menos visibles modificaciones estructurales al Congreso de la Unión que van desde la regresión en materia de reelección consecutiva de legisladores hasta la disminución de la representación proporcional que, lejos de ser pura, habrá de tornarse prácticamente inexistente, con lo que quizás haya que darle la bienvenida al retorno del hiperpresidencialismo mexicano que, a lo que se ve, era un muerto que gozaba de cabal salud.