Por nuestra función de juristas, sabemos muy bien lo que es un decreto, una forma particular de manifestación de la Ley, es decir una de las fuentes formales del Derecho. Lo que no siempre advertimos es que tiene su origen en la política, no en la tradición ni en el pensamiento o en la cultura, vaya ni siquiera en el consenso. La ley es la fuente jurídicas que nace y ha nacido de la voluntad del poder político; durante la Modernidad es el Estado el que la crea a través de sus órganos ad hoc. Es, en este sentido, un acto eminentemente político, de poder. En esta plática por decreto podemos entender lo mismo ley o decreto en sentido estricto; es decir, la fuente que emana del Estado a través de sus gobernantes sea a través del Ejecutivo o del Legislativo. Es, así, un mandato, una orden y como tal, obligatoria, imperativa.

Esto, no hay duda, implica una concepción del Derecho mismo como un ente formal reducido a un conjunto de leyes (formas), pero en esta ocasión no hablaremos de esto; mucho me he dedicado a hacerlo a lo largo de mi vida profesional.

Nuestro interés hoy se ciñe a plantear si el Estado puede y debe imponer a sus ciudadanos una determinada visión de la historia de la sociedad que lo constituye o de sí mismo; y si la respuesta es afirmativa, si aquélla visión ha de excluir otras, ser monopólica, imponerse por la fuerza e incluso sostenerse por recursos públicos y  por un complejo y caro aparato publicitario y educativo.

¿Qué tanto debe el Estado intervenir en el proceso de formación de lo que se llama una conciencia histórica? ¿Debe abocarse a formar y escribir una única historia –generalmente triunfalista– o limitarse a crear y apoyar los espacios de libertad para que sea la investigación científica la que responda las preguntas que sobre su pasado vayan planteando sociedades siempre en transformación a lo largo del tiempo? ¿Se puede y se debe “congelar” la historia a través de leyes y decretos? ¿Es función de la política escribir la historia de un país, de una nación, de un pueblo? Pareciera que a tenor de nuestra propia experiencia –anclada únicamente en la historia política y acaso cuando más en la historia del arte– sí lo es. Basta para comprobarlo leer la historia –otra vez política– de todos los Estados. Sus mecanismos de creación serían siempre afines al poder: primero mediante la adopción y el establecimiento de una ideología determinada; después sufragar la investigación oficialista a través de la actividad interesada de historiadores burócratas; tercero, su aval mediante la promulgación de leyes y decretos, y, por último, gracias al uso constante y repetitivo del discurso público, la propaganda, la publicidad y la enseñanza obligatoria de esa historia. Resultado: aquello que denominamos la Historia Oficial, única avalada por el poder estatal en turno, y, en consecuencia la única que merece aprenderse, difundirse y celebrarse.

Vayamos ahora a la historia: se puede entender lo mismo “lo que fue o lo qué pasó”, que lo que podemos reconstruir de ello a través siempre del conocimiento de nuestras fuentes, siempre limitadas (no hay todavía posibilidad de viajar en el tiempo para ir a verificarlo con nuestros propios ojos). Es así como hablamos mejor de historiografía: lo que por escrito recuperamos “eso que fue”. Siempre supone un afán imposible de objetividad, cargado inevitablemente de limitaciones: físicas (no hay fuentes), ideológicas (intereses propios), de perspectiva (económica, política, jurídica), temporales (siglo XIV, siglo XX), espaciales (Grecia, México, El Bajío), por necesidades (mujeres, esclavos), más las  provenientes de las condiciones personales de cada historiador.

El Estado por definición supone estabilidad y, desde Hegel, definitividad (hoy radicalmente puesta en entredicho), pero también reclama justificación y destino intemporales. Llegó como una etapa final de un largo proceso político evolutivo: desde la aldea del Hombre de Tepexpan hasta el Estado fallido mexicano actual (fin de los tiempos). La historia, en este sentido político, no sería otra cosa sino la forma de explicar (más que comprender) ese proceso concluido ¡definitivamente! y prolongado hasta el final de los tiempos: México siempre existirá.  Así se construye una imagen intemporal de algo que es eminentemente temporal como es la historia misma. Ésta nos explicaría cómo llegamos a ser lo que somos, pero también nos ayudaría a comprender lo hemos sido y somos. Veamos el caso que nos atañe: El concepto mismo de Historia de México supone la esencialidad del objeto de estudio MÉXICO, siempre existente y al que le suceden y suman una serie de eventos: la llegada de los aztecas, la conquista, el establecimiento de los españoles, el mestizaje, su independencia, sus invasiones, su quiebra territorial, su revolución y, claro está, su 4ª transformación.

Sobre Historia y para esta Historia se superpone y opera, respectivamente, la ley, es decir, repito, la voluntad estatal. Ejemplos de esto: la más ordinaria y conocida por todos: la imposición por decreto de los múltiples cambios en los nombres de nuestras entidades federativas: Nueva Santander por Tamaulipas, Nueva Vizcaya por Chihuahua y Durango, Guerrero, Hidalgo, Quintana Roo, etc. que suponen una reivindicación de algún elemento de raíz prehispánica dirigido a borrar la herencia española o a enaltecer alguna figura de un único panteón oficial. Asimismo, el cambio de nombre de municipios y localidades centenarias: Tuxtla Gutiérrez (apellidada así por un absolutamente desconocido Joaquín Miguel Gutiérrez, “ilustre federalista”, desde el 31 de mayo de 1848); Naucalpan de Juárez por San Bartolo Naucalpan; Juventino  Rosas por Santa Cruz; Ciudad Hidalgo por Taximaroa, etc., o en el callejero urbano: Avenida Revolución, Madero por Plateros, Boulevard Adolfo López Mateos; en la estatuaria pública (las mujeres del Paseo de la Reforma), hasta llegara a lo más sofisticado: el contenido del libro de texto de historia gratuito, antaño obligatorio y único. Otros ejemplos serían los muros de la Cámara de Diputados y la construcción de los panteones nacionales, como es el caso de nuestra vieja Rotonda de los Hombre Ilustres, hoy Rotonda de la Personas Ilustres, así como la emisión de monedas y billetes en curso, de medallas conmemorativas y de timbres postales. En todos estos casos se requiere de la previa promulgación de la ley, el decreto, o el acuerdo respectivo.

 Esto es fácil percibirlo y a ello estamos acostumbrados desde niños. Lo que apenas estamos advirtiendo es al hecho de que cada cambio sexenal en el gobierno federal provoque polémicas en torno a la visión histórica que ha de prevalecer y que debe orientar a nuestros niños y nutrir nuestro imaginario histórico. Lo que supone que no le falte razón a los que sostenemos que no puede imponerse una historia por decreto: el propio gobierno ha demostrado la precariedad de las concepciones históricas asumidas antaño. Un ejemplo: por un lado, Luis Echeverría y su célebre decreto de 1971 declarando a Vicente Guerrero como único consumador de la Independencia de México, excluyendo a Agustín de Iturbide, y por el otro, la ceremonia del 27 de septiembre de 2021 encabezada por López Obrador. O sea, que ni el Estado mismo ha podido sostener una única versión. Otro ejemplo pertinente sería la presencia actual de los restos de Gómez Morín y de Arnoldo Martínez Verdugo en la mencionada rotonda del Panteón de Dolores, por décadas personajes defenestrado por la historia oficial priísta.

Vayamos ahora a esa otra fuente del Derecho que emana del poder estatal. Al igual que la ley, también la sentencia judicial es obligatoria e invoca la fuerza estatal para hacerse valer. Ley y sentencia son, ambas, resultado de un previo proceso de discernimiento donde los tres poderes enjuician, juzgan y sentencian, sin que su propósito final sea el de convencer y, en cambio, pudiéndose imponer su decisión por la fuerza, por la potestas.

La historia se mueve en otro espacio, en el ámbito de la auctoritas; va dirigida a convencer no a imponer, y si no convence carece de fuerza y resulta incapaz de “imponerse” socialmente; apela a persuadir no mediante el número (el legislativo) o través de silogismos lógicos (el juez) sino por medio de un arduo y honesto esfuerzo intelectual tanto para explicar como para comprender el pasado, lo que ya fue, lo que pasó, y sin mayores pretensiones. La han de escribir los historiadores y únicamente ellos, como la justicia los jueces, que para ello están habilitados, capacitados y justificados; y así como no hay una sola justicia, no hay una sola historia. Hay versiones, unas más acabadas, más “definitivas”, más sostenibles y convincentes que otras, pero, al fin y al cabo, así como el ejercicio de la función judicial se reduce a la opinión del juez o de los jueces de alzada la historiografía es igualmente resultado de un ejercicio intelectual que deriva finalmente en una opinión, la del historiador. Cuestión de opiniones, como también lo es la del legislador cuando impone una versión histórica (condenar a España, excluir a Cortés, a Maximiliano y a los cristeros de la historia mexicana. Piénsese que la historia oficial ha excluido toda la historia religiosa de México a partir de la Reforma o en la ridícula ceremonia llevada a cabo en la Cámara de Diputados en 1921 para quitar el nombre de Iturbide inscrito en sus muros). La diferencia es que las primeras, las opiniones históricas, permanecen siempre abiertas, sujetas al avance científico y a nuevas preguntas, e incluso a audaces reinterpretaciones, mientras que las judiciales han de ser definitivas so riesgo de la más elemental seguridad jurídica, y las gubernamentales y legislativas permanecen inalterables mientras no cambie el discurso político imperante, lo que en sociedades débilmente democráticas o autoritarias como la nuestra provocan que la vigencia de historias oficiales se perpetue por décadas y se convierta en muro difícil de superar o de destruir, como por desgracia ha sido el caso de nuestro país.

Absurdo, si bien explicable por aquello de la legitimidad simbólica de los gobiernos no democráticos, imponer una historia desde el poder a través de leyes, decretos y sentencias. Lo estamos viviendo en estos momentos en México (estatua de Colón en el Paseo de la Reforma) lo mismo que en España (con los símbolos del franquismo o del esclavismo catalán) y otras partes del mundo. Esto suele ocurrir cuando la política y el Estado lo fagocitan todo y todo lo quieren monopolizar, sea el Derecho o la Historia, y desplazan a un lado o ignoran (porque dicen representarla) a una sociedad que nunca es uniforme ni igualitaria, sino que mantiene visiones y versiones distintas acerca de su propio devenir en el prolongado tiempo histórico.

Respetemos a la sociedad, que el hacerlo en el campo político nos lleva a la verdadera democracia, y en el campo historiográfico a disfrutar de la riqueza de interpretaciones, visiones, o perspectivas de una historia común, sí, pero jamás idéntica y única sino resultado de la complejidad y de las diferencias mismas de esa sociedad. Sólo así podremos estar los mexicanos orgullosos de lo positivo –y explicar y comprender lo negativo– que suponen lo mismo el pasado prehispánico que el tiempo neohispánico, de la “siesta” virreinal  que del “siglo de las luchas”, del progreso porfirista que del ateneo y de la “feria de las balas” del villismo, del reparto agrario que de los cristeros, del nacionalismo revolucionario al levantamiento zapatista, de nuestra lucha por la democracia y de su crisis, amén de que en algunos casos coincidamos en reprobar los nombres -porque la historia la hacen los hombre y mujeres- de quienes verdaderamente han obrado por interés propio, por maldad y egoísmo, ajenos del todo al bien de la Nación. Sus nombres, de ayer y de hoy, estoy seguro, están en la boca de todos.